Cuatro altos cargos imputados y 20.000 manifestantes: la gestión sanitaria abre una brecha en el bastión electoral de Moreno

“Los gobiernos se desgastan solos con sus errores y son los ciudadanos los que terminan cambiándolos”. Hace un par de meses, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, usó esta frase en el Parlamento, durante una sesión de control, para apaciguar los ataques sincronizados de los partidos de izquierda contra la gestión sanitaria de su Gobierno, principal frente de ataque de la oposición.

La estrategia de acoso y derribo se repetirá este miércoles en el cara a cara con el presidente, al que todos sus rivales acuden armados con el conflicto social creciente en el ámbito sanitario. Esta vez, sin embargo, lo harán aupados sobre el grito de las 20.000 personas que el sábado se manifestaron en Sevilla para denunciar “el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza”, el mayor toque de atención de la calle a Moreno desde que es presidente, hace siete años.

El deterioro de la sanidad, la presión asistencial, las abultadas listas de espera y el descontento del personal sanitario —con horas extra y contratos temporales de días o semanas— es la brecha en el mascarón de proa del Gobierno andaluz, que hasta hoy transita por un mar de calma gracias a la mayoría absoluta del PP.

Al descontento de sanitarios y pacientes se une la caja de resonancia de dos causas judiciales que investigan al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por irregularidades en la contratación con empresas privadas por valor de millones de euros. Cuatro altos cargos están imputados en dos procesos judiciales, precedidos por las advertencias de los propios interventores del SAS en una veintena de informes desfavorables, desoídos por los gerentes.

En el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, reconocen “preocupación” por que ese descontento crezca de forma paulatina y ahonde en el desgaste de la figura del presidente, a poco más de un año para las elecciones andaluzas. Pero, hoy por hoy, ninguna encuesta publicada o interna alerta de que Moreno vaya a perder la mayoría absoluta (mucho menos el gobierno, gracias al colchón innombrable, pero ineludible, de Vox).

Los sindicatos convocantes de la protesta sanitaria —CCOO, UGT, CSIF y Satse— la calificaron de “histórica”, pero la Junta minimiza su impacto. Creen que está “politizada”, que la multitud la engrosaban los partidos de izquierdas que respaldaban la comitiva, con la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a la cabeza. En el entorno de Moreno consideran que el grado de conflictividad social está “a años luz” de aquella rotunda movilización sanitaria, que sacó a 50.000 personas a las calles de Granada, en 2016, pillando desprevenido y en shock al Gobierno socialista de entonces.

De testigo a imputado

La gestión del SAS tiene dos causas judiciales abiertas, en Sevilla y en Cádiz, relacionadas con la contratación a dedo con la sanidad privada y cuatro altos cargos que están siendo investigados (los tres últimos gerentes del SAS en la primera -por posible prevaricación- y un directivo de compras en la segunda -por posible malversación-). Un par de informaciones publicadas en exclusiva por elDiario.es Andalucía (en marzo de 2023 y en septiembre de 2024) han puesto bajo sospecha los millonarios beneficios para las empresas sanitarias. Son dos causas distintas y dos tipos de contratación distintas, pero son dos juzgados de diferentes provincias investigando posibles delitos por parte de la Junta de Andalucía en las adjudicaciones a dedo de dinero público a empresas privadas.

Paralelamente, los sindicatos llevan meses denunciando cada vez con más fuerza el “deterioro” de la sanidad pública en todas sus derivadas (centros de salud, urgencias hospitalarias, listas de espera, carrera profesional, etc.) que este sábado ha reunido en manifestación, como hemos dicho, a miles de personas usuarias y profesionales. Las dudas despertadas por su plan de 72 horas para mejorar el acceso en la atención primaria, anunciado a bombo y platillo por el propio Moreno, son las que más siente la población a nivel general.

La coincidencia en el tiempo de esa manifestación de Sevilla con el avance precisamente en la investigación de los contratos fraccionados “en fraude de ley” en 2021, de los que alertó la Intervención (por un total de 1.225 millones troceando cientos de contratos en las ocho provincias), hace inevitable pensar en que la cuestión sanitaria pueda abrir una brecha en el bastión electoral del presidente Moreno. Las fuentes consultadas no descartan el adelanto de los comicios autonómicos, previstos para la primavera de 2026 para, entre otras cuestiones, evitar mayor desgaste por esas cuestiones sanitarias, tanto las cotidianas como las de los tribunales.

Hasta en contextos no específicamente sanitarios, como fue este lunes la reunión de la Mesa del Diálogo Social para abordar las consecuencias para Andalucía de los aranceles de Trump, la líder de CCOO, Nuria López, recordó que la “celeridad” mostrada para convocar el encuentro con la patronal y los sindicatos de clase, “debe trasladarse también a otros ámbitos clave, como la sanidad pública”. López no dejó pasar la oportunidad de hacerle saber al presidente, en su 'casa', el “incumplimiento” de los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales, exigiendo a su Gobierno “una reacción tras la gran movilización social del pasado sábado en defensa del sistema sanitario público andaluz”.

De los tribunales destaca la última información conocida: ha sido citado a declarar en calidad de investigado al director económico de la Central Provincial de Compras, Demetrio González. Destaca sobre todo porque la jueza de Cádiz, tras escuchar a cuatro testigos en la instrucción (los dos interventores provinciales del SAS autores del informe que da origen a la causa, el cual ratificaron, y dos jefas de servicio, también testigos, que apenas se limitaron a señalar que habían revisado los expedientes objeto de investigación), ha hecho cambiar su situación sin oírle. “Quede sin efecto la citación de Demetrio González en calidad de testigo, siendo el mismo citado para que comparezca ante este juzgado el próximo día 28 de abril de 2025 a las 9.30 horas para prestar declaración en calidad de Investigado”, dice textualmente la providencia que acaba de trascender.

Es de recordar también que no ha pasado mucho tiempo desde que Moreno cesara a la interventora general de la Junta de Andalucía que avisó precisamente de ese troceo de miles de contratos “en fraude de ley”. Los interventores advirtieron de que la Junta había adjudicado a dedo 1.225 millones en el año 2021 troceando cientos de contratos en las ocho provincias, si bien ha sido en Cádiz donde la denuncia de Podemos ha cuajado y donde se van a investigar un total de 235,4 millones en contratos menores, con una muestra analizada de 175 expedientes y un 100% de anomalías detectadas, según el informe provincial del que informó este medio.

La coincidencia temporal del cese de María Antonia González y de otros cuatro interventores de la Junta con los avances judiciales al compás de los informes de los auditores ha estado siendo minimizada en las últimas semanas por el Gobierno de Moreno como algo “circunstancial” y amplificada por todos los grupos de la oposición. Dos de ellos (PSOE y Podemos) ya han 'colocado' sus denuncias en tribunales de Sevilla y Cádiz.